La Mochila 30 - 2 marzo 2017
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Condenamos el recién aprobado proyecto de Reformas al Código Penal, ya que consideramos este no ha sido modificado para acabar con la delincuencia e impunidad en el país.

Ha sido aprobado para restringir los derechos de los hondureños, y para justificación del gobierno y el dictador de JOH en militarizar la sociedad, asesinar luchadores y controlar por medio del terror, puesto que a pesar de la creación de diferentes unidades policiales y militares los asesinatos, masacres y femicidios siguen y los responsables tanto materiales como intelectuales continúan impunes.

El proyecto de reformas ha causado un gran alboroto en la población con diversas opiniones, pero sobre todo en el gremio periodístico y en la bancada de oposición, ya que argumentan que coarta el derecho a la libre expresión. Pero estas reformas realmente a quien más afectan es al resto de la población, que no cuenta con una verdadera aplicación de justicia. Nos preguntamos entonces: ¿Qué pasara con los miles de jóvenes que están desempleados, que por el hecho de ser jóvenes se convierten en un blanco fácil para el gobierno? A partir de la sanción de Juan Orlando Hernández, las reformas tuvieron luz verde para ser aprobadas y ya una vez que han sido publicadas en la Gaceta, han tenido aplicación inmediata. De ahí en adelante a toda aquella persona que capturen bajo la premisa de extorsionador o miembro de mara, será remitido inmediatamente al presidio y condenado a 15 o 20 años de cárcel, más una multa de cincuenta salarios mínimos.

También se agregó la figura de apología e incitación de actos de terrorismo, la cual fue sugerida por Oscar Álvarez diputado por el partido Nacional, que incluye: “quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”. Esto según explicó, dice se trata de que en Honduras no se continúe incitando al odio ya sea por medios de comunicación o redes sociales, porque las marchas que se han convocado por ese medio han terminado en violencia.

Criticar al gobierno y al presidente se convierte en un acto de terrorismo, ya que según estas reformas se incita al odio.

Organismos como CESPAD y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, han dado a conocer un análisis y un llamado oficial para que el gobierno rectifique sobre estas reformas, incluso han girado una Alerta ya que concluyen que criminaliza la protesta social y la libertad de expresión.

El gobierno sostiene que “Se necesita contar con mecanismos y herramientas de combate a dicho ilícito penal y su equiparamiento con conductas delictivas como el terrorismo”. Con la Ley de Escuchas van mucho más allá de tener acceso a las llamadas telefónicas cuando se cometa un delito y la persona esté involucrada, ahora por una sospecha podrán revisar sin notificarnos las llamadas, mensajes y ubicación. “ARTÍCULO 29.- Crease el Centro Nacional de Información. En tanto entre en funcionamiento el Centro Nacional de Información a que se refiere en el párrafo anterior, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia tendrá acceso a las bases de datos de las entidades que administran información de interés para la seguridad y la defensa nacional, incluyéndose el acceso presencial o remoto en tiempo real a los sistemas de video vigilancia derivados del Programa Ciudad Segura”.

ARTÍCULO 33.- Creación de la Unidad de Intervención de las Comunicaciones “ARTÍCULO 41. Tramite de llamadas entrantes y salientes. Para el trámite de las llamadas entrantes y salientes se seguirá el procedimiento de obtención a través de la UIC, quien recibirá oficio remitido por el órgano jurisdiccional. No será objeto de nulidad que el agente de tribunales obtenga directamente la información de la empresa o personas naturales o jurídicas que ha de proveer la información, si cuenta con el mandamiento expedido por el órgano Jurisdiccional ordenando tal diligencia. Las empresas telefónicas deberán garantizar sin limitaciones de días y horas el acceso de los peritos especializados de la UIC.

Las reformas al Código continúan, reiteramos que estos cambios no han sido para acabar con la delincuencia e impunidad (que el mismo gobierno impulso después del Golpe de Estado).

Desde Socialismo o Barbarie y la Juventud Socialista, rechazamos estas contra reformas, que quien las sufrirá y las sufre somos el resto de los hondureños, hacemos un llamado a las organizaciones sociales y políticas a que nos reorganicemos y nos preparemos para luchar, que no tengamos la fe ciega en las elecciones que el mismo Juan Orlando, tiene ya acaparadas que incluso modifico la Constitución para su reelección, bajo estas reglas de juego sería iluso pensar que estas darán un resultado diferente que no sea la reelección de este nuevo Carías. Los explotados somos más que esta burguesía, llego la hora de luchar, por la Alternativa Independiente de los Trabajadores.

¡Gobierno Fascista, vos sos el Terrorista!

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